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En tiempos de confinamiento por Covid-19, se debe atender, referir o denunciar -de ser necesario- cualquier situación de violencia o riesgo que sufran las personas estudiantes, de acuerdo a los protocolos de actuación establecidos por el Ministerio de Educación Pública.
La trata de personas es una de las más crueles formas de violación de los derechos humanos que la sociedad sigue experimentando, este es un problema que se encuentra lejos de ser superado, y Costa Rica no es la excepción. En nuestro país operan redes nacionales e internacionales que lucran de estos ilícitos, que se constituyen en la tercera actividad criminal más lucrativa del mundo, somos terreno tanto para el tránsito como para la operación y la captación de víctimas, es por eso que se hace indispensable sistematizar la atención de estos casos, para detener e
El presente documento fue diseñado con el propósito de generar una serie de recomendaciones prácticas en torno a cómo enfrentar y actuar ante la discriminación por orientación sexual e identidad de género no normativa dentro del sistema educativo costarricense, con la intención de que este se vuelva un entorno seguro para el desarrollo integral de todas las personas menores de edad y demás población estudiantil.
El embarazo en niñas y adolescentes constituye una realidad para miles de mujeres en Costa Rica; razón por la cual se requiere del Estado, como garante de los derechos, una respuesta efectiva a la luz de la demanda social de este grupo poblacional. En ese contexto, el sistema educativo costarricense, debe brindar a este grupo una respuesta institucional que implique: En primer lugar, que las niñas y adolescentes se mantengan en el sistema educativo como medida de protección y, en segundo lugar, brindar una respuesta institucional a su condición y situación, bajo
El presente documento brinda información conceptual sobre la temática y las acciones puntuales para la actuación de los centros educativos al identificar población en riesgo. Estas acciones consisten en referir a la población estudiantil identificada en riesgo, directamente, del centro educativo al centro de salud más cercano.
Toda persona tiene derecho a vivir una vida libre de violencia, pero las niñas, los niños, los adolescentes y las adolescentes en particular, están cubiertos y amparados por una especial protección establecida en convenios internacionales, como la Convención de Derechos del Niño y la legislación nacional el Código de la Niñez y la Adolescencia.
Los centros educativos están llamados a ser espacios seguros para el aprendizaje de una convivencia basada en la equidad y la justicia con un enfoque de derechos humanos, libres de toda forma de violencia y discriminación y de la presencia de los riesgos y las consecuencias de las drogas.
Atender las situaciones de bullying en el ambiente educativo, exige un esfuerzo coordinado y articulado de asignación de tiempo, recursos, tareas y responsabilidades de todas y todos los actores de la comunidad educativa e instituciones responsables de la atención de la población infanto-juvenil.
En el centro educativo todas las personas son sujetas de derechos y responsabilidades. Los conflictos se deben manejar de una manera creativa y pacífica para construir relaciones armoniosas e inclusivas que permitan vivir una cultura de paz.
Es por ello que toda la comunidad educativa debe evitar la presencia de armas. Pero si a pesar de todos los procesos preventivos se detecta la presencia de armas, es fundamental saber de que manera actuar.
Ponemos a su disposición este documento que ofrece las pautas generales para la activación y puesta en práctica de los protocolos de actuación en situaciones de violencia y riesgo en los centros educativos.
Ministerio de Educación Pública
Dirección Regional de Educación Alajuela
Alajuela, Costa Rica, ® 2007-2020
Guillermo Fonseca Alfaro